El exdiputado Fernando Urbano ya había reclamado información vinculada con el caso que fue expuesto el martes por el vicegobernador Gustavo Menna, en el que el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) le reclama a la Legislatura provincial una deuda millonaria, producto de aportes y contribuciones no liquidadas por un período de catorce meses.
Urbano presentó dos notas por la vía administrativa en la casa de las leyes. La primera de ellas tiene ingreso por mesa de entradas el 24 de noviembre y la segunda unos días después, el 29 del mismo mes. En la primera solicitaba información resoluciones de aumento de sueldos del personal de Legislatura, y en la segunda hacía lo propio respecto de la cantidad de empleados, planta permanente, cantidad de jubilados, montos otorgados al gremio, entre otros, en el marco de la ley que dispone el libre acceso a la información pública.
Aunque previamente a esto, el exlegislador había consultado en el propio Instituto los motivos por los que no se registraban los aumentos que correspondían, recibiendo como respuesta oficiosa que se debía a la falta de envío de los fondos por parte de la Legislatura, debido a que el primer aumento se destinaba a la entidad sindical. Urbano afirmó entonces que tal mecanismo no correspondía, formalizando la cuestión al solicitar que se resuelva la retención, en más de una oportunidad ante el ISSyS.
El tema de fondo tomó notoriedad el martes producto de la denuncia pública realizada por el vicegobernador Menna, en compañía del titular de la bancada oficialista en diputados, Daniel Hollmann, y el presidente actual del ISSyS, Rodrigo San Martín. Allí fue descripto el procedimiento irregular por el cual la caja provincial dejó de percibir más de 137 millones de pesos, generando un perjuicio directo al organismo y damnificando a 161 jubilados legislativos.
En la conferencia de prensa llevada a cabo en el Salón Auditorio de la Legislatura provincial, Menna había revelado que “lo que se logró establecer, en base a un trabajo de rastreo contable y legal, es que efectivamente desde septiembre de 2022 se había dejado de aportar y contribuir sobre un concepto que tienen los trabajadores de esta Legislatura, que es el denominado Fondo Solidario. El convenio colectivo de Legislatura establece que los aumentos de sueldos que se determinen en base a la negociación paritaria, los importes del primer mes se destinan a la entidad sindical. Ahora, esa deducción siempre, porque así lo manda la ley y porque así corresponde, contribuyó y aportó a la caja y a la obra social. En septiembre de 2022, en base a un dictamen legal, que no compartimos, dejó de hacerse esto. Es decir, se pasó a transferir el 100% de ese concepto a la entidad sindical, pero se dejó de destinar la parte que correspondía al Instituto. Y ahí fue generando mes a mes, esta deuda que alcanza una cifra solo de capital histórico de 137 millones de pesos”.