La legislatura del Chubut concretó hoy lunes la primera reunión informativa para tratar el proyecto de Ley Nº 17/26, presentado por el Poder Ejecutivo, y referido a la prohibición del uso de celulares y dispositivos móviles por parte de personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios de la provincia. La próxima se realizará el miércoles 8 de abril, también, al igual que el encuentro de hoy, con transmisión en vivo por la cuenta de YouTube de la casa de las leyes.
La reunión informativa fue encabezada por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, María Andrea Aguilera; junto a la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación, Sonia Cavagnini. Son las dos comisiones a las que fue girado el proyecto de ley.
Participantes
Participaron además el subsecretario de Justicia del Chubut, Rodrigo Miquelarena; el fiscal jefe de Puerto Madryn, Alex Williams; María Eugenia Domínguez, fiscal jefe de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital; Andrés Araujo, jefe del Área Penitenciaria Policial; Fernando Chavero, segundo feje del Área Penitenciaria; José Fernández, jefe de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia; Mario Galván, jefe de la Alcaidía de Trelew; Elvio Terán, director del Instituto Penitenciario Provincial; el jefe de la Unidad Regional Trelew, Eduardo Calfuquir; Mario Ubiría, a cargo del Centro de Detención de Trelew; y Martín Trotta, en representación del área de Tecnología del Banco Chubut.
Además estuvieron los diputados del bloque Despierta Chubut Daniel Hollmann, Sixto Bermejo, Leonardo Bowman, Sandra Willatowski, Luis Juncos, Paulina Hogalde y Leticia Magaldi; los legisladores del bloque Arriba Chubut Juan Pais, Vanesa Abril, Norma Arbilla, Gustavo Fita y Emanuel Coliñir; Tatiana Goic y Mariela Williams, del bloque Primero Chubut-CET; Marcelo Rubia, del PICH; y Juan Aquino, del Frente de Izquierda.
Comunicar sí, delinquir no
“El proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo tiene una premisa básica: comunicar sí, pero delinquir desde el encierro, no”, resumió la diputada Aguilera.
El proyecto, precisó, “prohíbe el ingreso, la tenencia, la facilitación y el uso de celulares, dispositivos móviles, chips y cualquier otro elemento tecnológico en los lugares de detención de jurisdicción provincial. Porque esta ley parte de un principio rector: que la cárcel no puede convertirse en una oficina para cometer delitos”.
Call centers para cometer delitos
“Lo que estamos escuchando últimamente en los medios de prensa es que las unidades de detención, las cárceles, los lugares donde se encuentran alojadas personas detenidas se han convertido en call centers de delitos”, agregó.
“Este proyecto, entonces, parte de una premisa esencial: que la comunicación debe existir, pero tiene que ser controlada por canales institucionales, que sea auditable y que sea compatible con la seguridad pública”, añadió la legisladora.
La diputada presentó algunos números en relación con el tema. “En nuestro país tenemos 111.967 personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios y 13 mil detenidas en Comisarías o destacamentos de fuerzas de seguridad. En ese marco se da este tipo de comunicaciones clandestinas, no supervisadas, y que se transforman en plataformas para cometer delitos, para amenazar víctimas o para incluso amenazar autoridades”, dijo Aguilera.
Casos y denuncias
A nivel local, informó, “las estadísticas provinciales que nos ha facilitado el Ministerio Público Fiscal indican que en el año 2025, en la Fiscalía de Rawson hubo 33 casos relevados. El 85% de estos casos son de Rawson. Y de todos estos casos, en el 93,9% de las carátulas aparece la extorsión”.
“Tengamos en cuenta que estos son las denuncias formalizadas. Pero hay un montón de denuncias y montones de casos que se conocen, que toman estado público, pero que no se formalizan en denuncias ante el Ministerio Público Fiscal”, indicó.
Aguilera mencionó que la prohibición del uso del celular en las cárceles “está anclada en la ley nacional 24.660, “que prohíbe las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles, y que prevé la instalación de inhibidores en pabellones o módulos”.
“Lo que planteamos es que el derecho a comunicarse existe, pero no equivale al derecho a poseer un celular personal; que el estándar internacional exige canales adecuados, pero no habilita celulares irrestrictos. Y, por otro lado, la posibilidad de articular con las autoridades nacionales a los efectos de concretar las medidas pertinentes”, dijo Aguilera.
Y agregó que el proyecto, entre otros aspectos, “establece canales alternativos: dice que cada establecimiento debe asegurar telefonía fija o con acceso regular y efectivo con algún otro sistema; que esta comunicación tiene que ser solo por voz y privada, sin Internet, sin mensajería ni redes, con registro de datos básicos, pero sin escuchar el contenido, salvo que existiera una orden judicial”.
La diputada indicó que se evaluaron para la elaboración del proyecto experiencias en provincias como Chaco y Mendoza.
Y enfatizó: “Buscamos un nuevo estándar provincial de control estatal, con un sistema institucional de comunicación legítima, de solo voz y controlado, y sin margen para la utilización de celulares y de acceso a Internet” en los centros de detención.
Desmadre a partir de la pandemia
Por su parte, el subsecretario de Justicia, Rodrigo Miquelarena, destacó el hecho de discutir en la casa de las leyes “un proyecto que, para el Ministerio de Seguridad en particular, como lo ha dicho el gobernador, es de suma importancia”.
Precisó que Chubut “tiene 804 detenidos provinciales, sin contar los que están en las unidades federales, que son la Unidad 6 y la 14”.
“Tenemos un porcentaje muy alto, una tasa muy alta de encarcelamiento. Desde diciembre del 2023 hasta hoy un 12,5% anual, cuando la estadística general en todo el país es del 3,5%”, dijo el funcionario.
Recordó que a partir de la pandemia del COVID, cuando se buscó “garantizar la comunicación, se ha hecho un desmadre con los teléfonos celulares, que hoy persiste, a pesar de que permanentemente en las requisas están sacando teléfonos clandestinos”.
“Tenemos una situación que urge tratar. Por eso celebro que hoy estemos discutiendo acá y, sobre todo, que lo estemos haciendo con los actores judiciales y policiales que son protagonistas del sistema judicial y carcelario”, finalizó.
