Con una amplia participación y un debate que se extendió por tres horas, la Legislatura del Chubut realizó hoy miércoles la segunda reunión informativa para tratar el proyecto de Ley Nº 17/26, presentado por el Poder Ejecutivo, que refiere a la prohibición del uso de celulares y dispositivos móviles por parte de personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios de la provincia.
La reunión informativa estuvo encabezada por el vicegobernador Gustavo Menna; la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, María Andrea Aguilera; y la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación, Sonia Cavagnini. Son las dos comisiones a las que fue girado el proyecto de ley.
Participantes
Participaron también del encuentro el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; el procurador general, Jorge Miquelarena; el defensor general, Sebastián Daroca; y, de manera online, Martín Uriona, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Además estuvieron el procurador general adjunto Matías Froment; el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen, Fernando Rivarola; Lucía Pettinari, defensora Pública de Comodoro Rivadavia; Javier Francisco, defensor Público; los abogados Rodrigo Freire Méndez y Fabián Gabalachis; Marcela Pérez Bogado, jueza Penal de Puerto Madryn; el juez Penal de Madryn Daniel Yanguela; el subsecretario de Justicia de la Provincia, Rodrigo Miquelarena; el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; el subjefe de la fuerza, Mauricio Zabala; miembros de las Comisiones y diputados de distintos bloques.
Apuntamos a proteger a 600 mil chubutenses
El vicegobernador Menna destacó: “Este mecanismo de reuniones informativas de Comisión abiertas, que venimos sosteniendo desde hace dos años, me parece que es clave para que todos podamos confrontar posiciones y hablemos sobre temas concretos, las dudas que legítimamente nos emergen cuando abordamos la tarea de legislar”.
Mencionó que “esta ley no prohíbe las comunicaciones, sino que prohíbe el ingreso, tenencia, facilitación, uso de equipos o terminales móviles” en las cárceles; y “establece un régimen de comunicaciones institucionales controladas”.
Y se preguntó: “¿A quién apuntamos a proteger con esta ley? ¿A 600.000 chubutenses que padecieron, padecen o pueden ser víctimas de estos delitos? ¿O a 840 reclusos? “.
“No vamos a desconocer los derechos constitucionales de los internos, pero tampoco perdamos de vista a dónde apuntamos con esta ley; garantizando siempre el derecho a la comunicación y a la confidencialidad”, añadió.
En este sentido mencionó: “La inversión que habrá que hacer será para los sistemas de control, para garantizar la comunicación controlada y, asimismo, para acceder al derecho a la educación y al derecho a la salud”.
Menna indicó: “Esta ley no pretende ser una solución a la estafa digital en general, sino que el objeto es la que proviene de quienes están privados de su libertad. Probablemente el mayor porcentaje de estos delitos sea el que proviene del ámbito extramuros, pero una cosa no invalida la otra”.
Comunicación compatible con la seguridad
“Esta ley propone la prohibición del ingreso, tenencia, uso y facilitación de teléfonos celulares y de otros dispositivos tecnológicos en los establecimientos de detención, garantizando de esa manera la comunicación, pero a través de sistemas controlados, institucionales y auditables”, dijo por su parte la diputada Andrea Aguilera.
“La iniciativa se fundamenta en el incremento de delitos cometidos en los contextos de encierro, particularmente en lo que hace a los delitos de extorsión, y la necesidad de establecer un sistema de comunicación, pero compatible con la seguridad”, agregó.
En este contexto retomó palabras mencionadas en la primera reunión informativa, realizada el 30 de marzo, por el subsecretario de Justicia, Rodrigo Miquelarena; por el jefe de los fiscales de Puerto Madryn, Alex Williams; y Eugenia Domínguez, fiscal general de la unidad de Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal, en relación con la relevancia de la norma para la seguridad pública.
Sustento constitucional
En su intervención, Martín Uriona, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), subrayó que la iniciativa cuenta con un sólido sustento constitucional, apoyado en tratados internacionales de Derechos Humanos y en el artículo 75 de la Constitución Nacional.
“El proyecto busca limitar el uso indiscriminado de dispositivos móviles, promoviendo a su vez la reinserción social de las personas detenidas y garantizando condiciones adecuadas tanto para quienes cumplen condena como para quienes se encuentran en prisión preventiva”, indicó.
Asimismo remarcó que estas medidas “apuntan a prevenir delitos que, según expertos, continúan siendo organizados desde los lugares de detención, aprovechando las comunicaciones no controladas”.
En cuanto al marco legal indicó que “las propuestas se ajustan a la legislación vigente, incluyendo la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad y sus modificaciones, que ya contemplan restricciones en el uso de dispositivos de comunicación en establecimientos penitenciarios”. También mencionó la implementación de nuevas tecnologías para fortalecer los controles.
Uriona destacó que la constitucionalidad de este tipo de regulaciones ha sido ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, consolidando su validez jurídica y su relevancia como herramienta para mejorar la seguridad y el control en los ámbitos de detención.
