Este jueves, la Legislatura del Chubut aprobó un acuerdo que propone por parte del Gobierno Provincial la construcción y mejora de viviendas en las Comunas Rurales de Facundo, Aldea Apeleg, Doctor Ricardo Rojas, Lago Blanco, Aldea Beleiro, Cushamen, Telsen, Lagunita Salada, Gan Gan y Cerro Centinela.
Además, se reconoció como personalidad destacada a la investigadora del CONICET Dra. Cynthia Tamara Rubilar Panasiuk por su labor.
En materia habitacional, la Legislatura aprobó por amplia mayoría, convenios y proyectos vinculados a soluciones habitacionales a comunas rurales de la provincia del Chubut.
Estas acciones, impulsadas por el Gobierno de Ignacio “Nacho” Torres a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), contemplan la construcción de viviendas familiares de dos y tres dormitorios, así como unidades tipo monoambientes destinadas principalmente a personas solas, como trabajadores rurales y personal de campo.
Los convenios garantizan el acceso a una vivienda digna para los beneficiarios y además promueven la generación de empleo mediante la utilización de mano de obra local, favoreciendo así el arraigo de las comunidades en sus territorios.
Asimismo se destacó que esta modalidad permite mayor flexibilidad en los requisitos de acceso, facilitando la atención de casos particulares, especialmente en sectores rurales donde las condiciones dificultan el acceso a soluciones habitacionales por medios propios.
En este sentido, el diputado Leonardo Bowman (Despierta Chubut) valoró la decisión política del Gobierno del Chubut de avanzar con estas obras en un contexto económico complejo, priorizando a las comunas rurales y municipios del interior, donde los costos de construcción suelen ser más altos.
Reconocimiento a la innovación científica
Durante la sesión, también se aprobó por unanimidad, el Proyecto de Ley General N° 145/2025 presentado por la diputada Tatiana Goic (Primero Chubut – CET) que reconoce a la investigadora del CONICET Dra. Cynthia Tamara Rubilar Panasiuk, como personalidad destacada.
La investigadora estuvo presente en la sesión y fue reconocida con un aplauso general al aprobarse el proyecto.
La iniciativa resalta su historia personal y profesional, marcada por la investigación que llevó adelante a partir de la enfermedad autoinmune de su hijo. Luego de diversos estudios, logró identificar compuestos antioxidantes en los erizos de mar, con potencial para la modulación del sistema inmunológico, alcanzando resultados positivos en la mejora de su calidad de vida.
Este avance dio origen a ERISEA, una empresa biotecnológica que se radica en Puerto Madryn, dedicada al desarrollo de suplementos con respaldo científico y aprobación de organismos competentes, incluso en síntomas asociados al síndrome post COVID.
Designaciones judiciales
En el plano institucional, el cuerpo legislativo prestó acuerdo por mayoría a la designación como fiscal general para la ciudad de Comodoro Rivadavia de la Dra. Natalia Beatriz Gómez, quien se desempeña en el Ministerio Público Fiscal desde el año 2007. Actualmente ocupa el cargo de funcionaria de Fiscalía, al que accedió por concurso en 2011.
Durante su evaluación ante la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside María Andrea Aguilera, evidenció una destacada solidez técnica y amplia experiencia, cualidades que también fueron reconocidas en su paso por el Consejo de la Magistratura, indicó la diputada Paulina Hogalde (Despierta Chubut) quien fundamentó el pliego.
Asimismo, se aprobó, también por amplia mayoría, la designación de la Dra. Luciana Risso como defensora pública Penal para Comodoro Rivadavia. La profesional cuenta con formación y trayectoria en Derecho Penal dentro del Ministerio de la Defensa Pública de la provincia, destacó la diputada Leticia Magaldi (Despierta Chubut) al fundamentar el pliego.
Mejora en la gestión de fondos para bosques nativos
Por otra parte, se aprobó por amplia mayoría el convenio marco de colaboración entre la Secretaría de Bosques y la Fundación para el Desarrollo Forestal, Ambiental y del Ecoturismo Patagónico, con el objetivo de optimizar la administración y ejecución de fondos nacionales destinados a la protección de los bosques nativos.
Esta herramienta no implica la delegación de responsabilidades públicas, sino que fortalece la capacidad operativa del Estado provincial, promoviendo una gestión más eficiente, transparente y ágil de los programas ambientales.
