La Legislatura del Chubut, en la sesión de este jueves, adhirió a la Ley Nacional N° 27.786, denominada “Ley de Organizaciones Criminales”, que busca investigar y perseguir a las mafias en Chubut a partir de un trabajo conjunto entre diversas agencias estatales.
La ley establece en su artículo 2° que el procurador general y el gobernador de la Provincia son quienes deben formalizar el pedido de colaboración interjurisdiccional para combatir a las organizaciones criminales.
A su vez, el artículo 3° señala que la adhesión a la ley “no importará alteración de las competencias constitucional y legalmente atribuidas al Ministerio Público Fiscal y a los tribunales de la Provincia del Chubut en materia de investigación, persecución y juzgamiento de delitos de jurisdicción provincial”.
La iniciativa del Gobierno de “Nacho” Torres fue aprobada con los votos de los bloques Despierta Chubut y Familia Chubutense. Los bloques Arriba Chubut y el Frente de Izquierda votaron en contra esgrimiendo que hay “reparos de índole institucional” que los llevan a desconfiar de los propósitos de la medida.
Actuar en red
La diputada de Despierta Chubut María Andrea Aguilera, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, al presentar el proyecto expuso: “Cuando hablamos de mafias y de crimen organizado estamos hablando de estructuras, de permanencia, de distribución de roles, de recursos, de actuación en distintas jurisdicciones, y de capacidad de adaptación y despliegue”.
“Frente a esta actuación en red de las organizaciones delictivas, el Estado también debe actuar en red y debe hacerlo con información compartida, con coordinación institucional, con inteligencia criminal y con cooperación entre las distintas jurisdicciones”, agregó.
Explicó que la adhesión a la ley “tiene por objeto brindarle al Estado herramientas en materia de investigación y sanción de organizaciones criminales”, particularmente grupos organizados de tres o más personas que actúan en la zona con el objeto de cometer delitos graves.
“Lo que estamos haciendo es que la intervención provincial surja de la articulación entre el Ministerio Público Fiscal, que tiene a su cargo la persecución penal, y quien tiene la representación institucional de la Provincia, que es el gobernador”, mencionó.
El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, y el diputado de la bancada Emanuel Coliñir pusieron reparos respecto de los propósitos que persigue el proyecto.
“Tenemos reparos que son de índole institucional, que nos llevan a rechazar esta adhesión. En efecto, lo que se considera una virtud del proyecto que es mantener la jurisdicción provincial en determinado tipo de delito, para nosotros, por la experiencia reciente, es un problema”, expuso Pais.
A su turno, el diputado Juan Aquino, del Frente de Izquierda, expuso: “De ninguna manera podemos acompañar un proyecto que avanza con más criminalización de la protesta social”.
Parque fotovoltaico
Por otra parte, los diputados ratificaron el convenio que firmó el gobernador Torres con la Empresa Provincial de Energía Chubut S.A.U (EPECH), por el cual la Provincia invertirá 8.400 millones de pesos para ejecutar la obra de un Parque Fotovoltaico en Paso de Indios.
La ley fue aprobada con los votos de los bloques Despierta Chubut y Familia Chubutense. La oposición de Arriba Chubut se abstuvo y el Frente de Izquierda se expidió en contra.
Mejorar la calidad de vida
Al presentar el proyecto, el diputado de Despierta Chubut Sergio Ongarato, quien preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, expresó que este proyecto viene a dar respuesta al problema energético de Paso de Indios y a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la región.
“La situación energética de la localidad de Paso de Indios es un sistema aislado, con dos grupos electrógenos diésel que están sobredimensionados y que producen cortes frecuentes, costos operativos elevados, emisiones de dióxido de carbono, ruidos, contaminación sonora, molestias para los vecinos”, señaló.
“Con este proyecto se van a instalar 4.680 módulos fotovoltaicos, 8 inversores de corriente alterna, un banco de baterías, que trabajando en conjunto generan el 78% de la energía que se va a consumir en el año, a través de este sistema de generación eléctrica solar. Y, como respaldo, dos generadores nuevos a combustión que van a producir el 22 % de la energía en el año”, explicó.
“Hay un impacto social importantísimo: Paso de Indios va a tener un sistema de energía estable. Y esto es mejoramiento y calidad de vida básica para los hospitales, para las escuelas, para los comercios, para todos los habitantes”, mencionó.
“También tiene un impacto fiscal importante: hay una reducción del gasto de combustible del 78% de lo que hoy se está gastando; con el ahorro de combustible de este sistema instalado, en tres años se logra pagar el costo de la obra”, finalizó Ongarato.
