La Legislatura aprobó este jueves el Régimen de Extinción de Obligaciones entre el Estado Nacional y la Provincia del Chubut, a partir del cual el Gobierno de Ignacio “Nacho” Torres llevó adelante obras estratégicas como compensación de deuda con Nación y por el cual podrá concretar la autovía entre Trelew y Rawson por Ruta Nacional 25.
El proyecto de ley fue aprobado con los votos de los bloques Despierta Chubut, Mariela Willliams de Primer Chubut-CET y Daniel Casal de Familia Chubutense. En cambio, los bloques Arriba Chubut, Chubut Unido, el Frente de Izquierda, Andrea Toro (Pich) y Tatiana Goic (Primero Chubut-CET) votaron en contra.
Con la sanción de esta ley, el Gobierno de Torres termina de cancelar las deudas del Fondo Fiduciario que la provincia de Chubut arrastraba de gestiones anteriores y podrá concretar la autovía entre Trelew y Rawson por Ruta Nacional 25, luego del convenio respectivo que firmó pocas semanas atrás el gobernador con Nación.
El Gobierno de Torres, a partir de la metodología de canje de deuda con Nación, realizó en los últimos meses obras pendientes de gestiones anteriores como la autovía Trelew-Puerto Madryn, y otras obras viales impostergables en la Comarca Andina y en Comodoro Rivadavia.
Cerrar el pasivo
Al respecto, el diputado Luis Juncos (Despierta Chubut) explicó que, en este caso, “el Estado Nacional reconoce a Chubut algunos ajustes del consenso fiscal del año 2025 y del primer trimestre del 2026; y se incluyen los fondos que garantizan la ejecución de este convenio de la autovía Trelew-Rawson, y también se incluye el convenio entre el ANSES y el Gobierno del Chubut por 44.000 millones de pesos”.
De esta manera, dijo el diputado, “este convenio permite cerrar definitivamente ese pasivo que tenía el Gobierno del Chubut en concepto del Fondo Fiduciario”.
Sostener el trabajo
En tanto, Daniel Hollman, presidente del bloque Despierta Chubut, recalcó que “el Estado Nacional había tomado la decisión de paralizar la obra pública. Y desde hace mucho tiempo esta gestión y el gobernador decidió hacerse cargo de estas obras viales, necesarias en diferentes lugares de la provincia que tienen que ver con deuda de Nación con nuestra provincia”.
“No solamente estamos hablando de obras de infraestructura, sino que estamos hablando de sostener el trabajo, tener conectividad, poder tener lugares de conexión para poder dar continuidad a procesos productivos y a diferentes demandas que tienen los chubutenses”, añadió.
“La doble vía Trelew-Rawson era una obra esperada y no era una obra que se había iniciado, sino que es parte de una decisión del Gobierno Provincial; es algo que se ha hablado con los diferentes intendentes, tiene que ver con un diálogo permanente y una forma de gestionar, no solo con el Gobierno Nacional sino en contacto con todos los jefes comunales e intendentes”, completó.
Planteos de la oposición
El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, marcó su rechazo al proyecto al entender -entre otras razones- que no está garantizado que los fondos adeudados por la Anses a la provincia vayan a los jubilados
“Por un lado, pretendemos certeza respecto de que esos fondos vayan al Instituto y, en segundo término, es el propio gobernador el que está borrando con el codo lo que ha escrito con la mano”, objetó el diputado.
Por su parte, el diputado Emanuel Coiliñir también justificó el rechazo del bloque Arriba Chubut al convenio, al considerar que no soluciona el problema de fondo del “endeudamiento” de la provincia. Marcó diferencias respecto de los convenios que la oposición sí había acompañado en anteriores oportunidades.
“Había un discurso oficial, un planteo, una propuesta por parte del gobernador de desendeudar la provincia, y un convenio de obligaciones recíprocas nos daba la oportunidad de discutir aquellas obras que había dejado inconclusas el Gobierno Nacional”, señaló Coliñir.
No obstante, el diputado entendió que hubo un cambio de escenario que llevó a la oposición a rechazar el presente proyecto. “El planteo (del gobernador) era el desendeudamiento de las cuentas provinciales. Y ante este convenio, que teníamos la oportunidad de exigirle al Gobierno Nacional en función del crédito que teníamos disponible, terminamos debiéndole”, agregó.
Reforma impulsada por el Poder Judicial
Además, la Legislatura aprobó este jueves la actualización de la Ley Orgánica Notarial impulsada por el Poder Judicial.
El proyecto modifica la Ley Orgánica Notarial con el objetivo de redefinir y ordenar las competencias entre el Colegio de Escribanos y el Tribunal de Superintendencia Notarial, adecuando el funcionamiento del sistema notarial a la evolución institucional de la provincia.
Al fundamentar la iniciativa, la diputada del bloque Despierta Chubut y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, María Andrea Aguilera, explicó que la normativa vigente concentraba en el Tribunal de Superintendencia funciones jurisdiccionales, disciplinarias, administrativas y de organización profesional que, con el paso del tiempo, comenzaron a superponerse con las atribuciones propias del Colegio de Escribanos.
En ese sentido, señaló que la reforma establece una distribución clara de competencias, mediante la cual el Colegio de Escribanos asumirá el gobierno administrativo de la actividad notarial, incluyendo la administración de la matrícula, la organización de concursos, la registración, las inspecciones y la supervisión inmediata del ejercicio profesional.
En tanto, el Tribunal de Superintendencia Notarial conservará las funciones jurisdiccionales, disciplinarias y de revisión de legalidad sobre las decisiones adoptadas por el Colegio.
Durante el tratamiento del proyecto, la diputada Mariela Williams, del bloque Primero Chubut-CET, manifestó el acompañamiento de su bancada y solicitó al Poder Ejecutivo la convocatoria de la comisión prevista en la Ley Orgánica Notarial para evaluar la apertura de nuevos registros notariales en la provincia.
La legisladora recordó que la normativa establece la revisión periódica de la cantidad de registros de acuerdo con el crecimiento poblacional, el desarrollo económico e inmobiliario y la actividad escrituraria de cada localidad, y sostuvo que la conformación de esa comisión constituye una instancia pendiente desde la sanción de la ley en 2008.
