La Legislatura del Chubut aprobó por amplia mayoría, en la sesión de hoy jueves, la ley que prohíbe el uso de celulares y dispositivos móviles por parte de ciudadanos privados de la libertad en los establecimientos penitenciarios de la provincia.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Ignacio “Nacho” Torres, que armoniza con la ley nacional vigente, tiene como objetivo proteger la seguridad pública y prevenir los delitos, como estafas y extorsiones, que se cometen desde las cárceles.
En una sesión que fue presidida por el vicegobernador Gustavo Menna, la ley fue aprobada con los votos de los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, el Pich, Chubut Unido y Familia Chubutense. En el bloque Primero Chubut-CET, la diputada Tatiana Goic votó en contra mientras que su par Mariela Williams sí acompañó. El diputado del Frente de Izquierda, Juan Aquino, también votó por la negativa.
La ley prohíbe el uso de celulares en todos los establecimientos penitenciarios de Chubut, y, al mismo tiempo, introduce un régimen de comunicaciones controladas que garantizan el derecho a la comunicación respetando los derechos humanos.
Red delictiva
La diputada María Andrea Aguilera (Despierta Chubut), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, al presentar el proyecto, dejó en claro: “No podemos permitir que cualquier persona privada de libertad continúe cometiendo delitos. Una cárcel no puede ser un centro de operaciones clandestinas. Tiene que ser un lugar protegido por el Estado y del cual no se pueden continuar cometiendo delitos”.
“No podemos permitir que en esta visión distorsionada de los Derechos Humanos lleguemos a desproteger a las víctimas. El Estado tiene que estar para brindar seguridad y brindarles el derecho a la comunicación a quienes están privados de libertad, pero también para proteger a las víctimas de delitos”, remarcó.
A su vez, expuso que esta ley viene a resguardar a los chubutenses de las redes delictivas que operan desde las cárceles. “Hay un sinnúmero de casos de personas que no están protegidas, precisamente, por toda esta red delictiva que está acechando a los ciudadanos desde los centros de detención. Y a esto tenemos que ponerle un límite”, determinó.
También las diputadas de Despierta Chubut Karina Otero y Leticia Magaldi, y sus pares del mismo bloque Sergio Ongarato y Luis Juncos se expresaron a favor de la defensa de los chubutenses y en contra de las redes delictivas.
El debate
Por su parte, Sonia Cavagnini (Despierta Chubut), presidenta de la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación, a la que había sido girado el proyecto junto con la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, dijo que la ley no vulnera derechos de los presos, sino que previene a la ciudadanía de caer víctimas de las redes delictivas que operan desde las cárceles.
“La cárcel tiene que ser un lugar de cumplimiento, por un lado de la condena, pero también hay que trabajar para la resocialización. Y la cárcel no se puede convertir de ninguna manera en un centro de operaciones delictivas. Esta medida no implica aislar a ninguna persona en contexto de encierro, ni vulnerar sus derechos, mucho menos, pero sí ordenar”, indicó.
Por su parte, Mariela Willliams -compañera de bloque de Goic, que votó en contra-, marcó su apoyo a la ley del Ejecutivo, aunque con reparos, al entender que es el “principio de una solución” a un problema que viene de hace tiempo.
“Esta ley es la punta del ovillo para poner en el medio de la mesa un problema que tenemos que resolver”, sostuvo.
En esa línea, Daniel Hollman, presidente del bloque Despierta Chubut, remarcó que hay que dar respuestas a la sociedad frente a los delincuentes. “La realidad es una sola y nuestra responsabilidad es la de legislar para defender a todos los chubutenses”.
“No necesito hacer una diferenciación porque este proyecto justamente lo que pretende es defender a todos los chubutenses: los que trabajan, cumplen y que esperan de esta Legislatura que tengamos las respuestas necesarias y posicionamientos claros”, agregó.
Reuniones informativas amplias
A su turno, el presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, valoró el tratamiento que el oficialismo hizo de este proyecto en comisión, con reuniones con especialistas, aunque reconoció que le hubiera gustado tener más tiempo para analizarlo.
“Yo entiendo que las reuniones informativas fueron muy productivas, que sirvieron para incorporar aportes, para escuchar a todas las voces entendidas e interesadas en la materia. Creo que hubiese sido ideal poner el tratamiento para la próxima sesión, de modo tal que se alcanzara a procesar con tiempo de análisis suficiente toda la información recabada”, sostuvo.
También planteó que el Estado debe garantizar que “los reclusos puedan estudiar y formarse” y destacó en este sentido que “el acceso a Internet” debe estar garantizado.
En la misma línea, Norma Arbilla, Vanesa Abril y Emanuel Coliñir, del mismo bloque, cuestionaron el “apuro” con que trataron el tema.
Por último, Andrea Toro, del Pich, marcó su apoyo al proyecto pero adelantó que va a pedir informes al Ejecutivo sobre el estado de la infraestructura en comunicaciones en los establecimientos carcelarios de la provincia.
En contra
Por su parte, la diputada de Primer Chubut-CET Tatiana Goic, al fundamentar su rechazo al proyecto de ley, planteó que el procurador general, Jorge Miquelarena, “con honestidad intelectual” –él sí está de acuerdo con el proyecto- en la última reunión informativa de Comisiones realizada el miércoles, “cuestionó la falta de estadísticas y datos” referidos a la incidencia de los celulares en la comisión de esos delitos.
Al mismo tiempo, Goic planteó que el Ejecutivo, a partir de la manera en que comunica este proyecto, tiende a “estigmatizar” a los presos con “discursos de odio”.
En este sentido remarcó que “las personas que están privadas de su libertad ya están pagando. Entonces, guarda con los discursos de odio. Yo les invito a que vayan y visiten las cárceles y vean cómo viven los presos ahí. Y vean que ellos también trabajan ahí”.
De igual forma, Juan Aquino, del Frente de Izquierda, fundamentó su rechazo al considerar que no hay datos que den cuenta de la “incidencia” de los presos que cometen delitos con celulares, sino que son “conjeturas”.
Planteó que “hay una incomprensión profunda de las raíces sociales políticas y económicas”, respecto de la relación entre la pobreza y la delincuencia, que es un tema que no se quiere abordar. También hizo hincapié en las malas condiciones de infraestructura de las cárceles.
