La Legislatura del Chubut, en la sesión de este jueves, declaró a Puerto Madryn como “Ciudad Universitaria” y convalidó la conformación de una mesa integrada por la Municipalidad, universidades, institutos y cámaras empresarias para fomentar la educación y el empleo en la ciudad y en la región.
Al exponer el proyecto, la diputada Mariela Williams (Primero Chubut-CET) destacó el trabajo realizado por la gestión del intendente Gustavo Sastre y los diversos actores del ámbito académico y científico para posicionar a la ciudad como un centro de referencia.
Según el proyecto, la Mesa Interinstitucional de la Ciudad Universitaria tendrá como objeto articular, planificar y desarrollar acciones conjuntas que fortalezcan la educación superior, la permanencia estudiantil, la vinculación con el mundo laboral y las oportunidades para jóvenes y estudiantes de la ciudad.
Asimismo, el Poder Ejecutivo Provincial podrá suscribir convenios de colaboración técnico-financiera con la Municipalidad de Puerto Madryn y las universidades con el objeto de planificar y coordinar políticas públicas integrales para el desarrollo local.
Entre otras acciones, están contempladas mejora de la infraestructura académica, conectividad digital, sistemas de becas, comedores, transporte público, alquileres y residencias para los estudiantes que elijan seguir sus estudios en Puerto Madryn.
Williams, oriunda de Puerto Madryn, recalcó: “Se ha desarrollado desde la Municipalidad un trabajo silencioso pero permanente de instalar y de ofrecer nuevas oportunidades a los estudiantes, tanto locales como de la región y también de otras provincias, porque vienen estudiantes de muchas otras provincias a estudiar a Puerto Madryn”.
En Madryn -consignó- “hay más de 50 carreras, tres universidades fundamentales: la Universidad Nacional de la Patagonia, la UTN, y la Universidad del Chubut; numerosas universidades privadas, tres instituciones públicas que brindan diferentes profesorados y formación profesional”.
“Esto ha sido una iniciativa del intendente Sastre y el secretario de Deporte, Educación y Cultura de la ciudad de Puerto Madryn, Diego González, quienes muy acertadamente convocaron a todas las universidades, centros de altos estudios, institutos de formación docente a formar una mesa”, sostuvo sobre el proyecto.
Debate
La diputada de Arriba Chubut Vanesa Abril, si bien dejó en claro su apoyo al desarrollo de Madryn en materia de oferta académica, también reivindicó el lugar que ocupa la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. Y se preguntó qué rol que le compete al Ejecutivo Provincial en esta iniciativa.
“Celebro esta iniciativa municipal de Puerto Madryn respecto de declarar Ciudad Universitaria a la localidad. Esto no excluye que otras ciudades puedan hacer esta declaración. La Universidad Nacional de la Patagonia desde sus inicios ha tenido esta característica federal dentro de la provincia, con sedes en Comodoro, Trelew, Esquel y Puerto Madryn”, expuso.
Al mismo tiempo, -inquirió- “no me queda claro cuál es el compromiso que asume el Gobierno del Chubut respecto de esta normativa”.
Por su parte, el presidente del bloque Despierta Chubut, Daniel Hollmann, le respondió a Abril que el Gobierno de Ignacio Torres viene desplegando una serie de políticas de colaboración con las universidades y los municipios para fomentar la educación y el empleo.
“El compromiso de esta gestión con respecto al proyecto es que el Ejecutivo Provincial podrá suscribir convenios de colaboración con la Municipalidad y universidades para el desarrollo de la ciudad, como así también diseño de programas y vivienda entre otros”, señaló.
“Desde esta gestión se vienen firmando convenios con las diferentes universidades no solo en Madryn sino en toda la provincia”, respondió Hollmann.
Desestimaron juicio político
En otro orden, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia desestimó el pedido de juicio político contra el ministro del Superior de Justicia Javier Raidan. El pedido había sido impulsado por la Asociación de Magistrados y el gremio Sitrajuch. La diputada del Pich, Andrea Toro, fue la única que se pronunció en contra del archivo.
El diputado Hollmann, presidente de la bancada Despierta Chubut, expuso las razones por las cuales la Comisión decidió desestimar el pedido. “Del análisis realizado concluyó que la presentación no precisa suficientemente los hechos ni la participación concreta del ministro en las decisiones señaladas”, indicó.
“Este aspecto resulta relevante porque varios de estos cuestionamientos corresponden al Superior Tribunal como órgano colegiado que además está integrado por diferentes miembros, por lo que debe identificarse la actuación personal que se cuestiona al funcionario denunciado”, sostuvo.
“Además se realizaron observaciones en base a deficiencias del acompañamiento de la documentación que respalda estos señalamientos o en tal caso que se indiquen o se precise el lugar donde se puede determinar esta información. Por estas razones, el dictamen aconseja declarar la inadmisibilidad formal de la presentación y disponer el archivo de las actuaciones realizadas”, concluyó.
Convenio con el Banco Mundial
Además, la Legislatura aprobó en la sesión de este jueves un convenio firmado entre el Gobierno Provincial y el Banco Mundial, por el cual Chubut recibirá 500 mil dólares no reembolsables que serán destinados a proyectos turísticos, productivos, sociales y ambientales.
La fecha límite de las presentaciones es hasta el 31 de marzo del 2027. La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría con el acompañamiento de los bloques del oficialismo y la oposición, con excepción del diputado del Frente de Izquierda, Juan Aquino.
Al presentar el proyecto del Ejecutivo Provincial, la diputada Leticia Magaldi (Despierta Chubut) destacó que “se trata de una donación no reembolsable, por lo cual no genera endeudamiento para la Provincia. Y estos fondos están destinados a la preparación de proyectos vinculados a desarrollo económico, a la diversificación productiva, la planificación turística y a la evaluación de aspectos ambientales”.
“Este convenio también contempla mecanismos de seguimiento, rendición de cuentas y cumplimiento de las condiciones establecidas por el organismo internacional. La Provincia va a tener que presentar informes periódicos al Banco Mundial sobre el avance de las actividades, la ejecución y el cumplimiento de obligaciones asumidas”, remarcó.
Por su parte, Sergio Ongarato, del mismo bloque, expuso que el financiamiento del Banco Mundial permitirá hacer frente a la prevención de los incendios en la Cordillera, además de fomentar el turismo y el cuidado del ambiente y de los pobladores.
De esta manera, remarcó: “Hay que avanzar en este sentido porque es mucho más barato, mucho más económico y más razonable trabajar en prevención que en apagar incendios cuando están ocurriendo”.
También mencionó que “si hablamos de turismo no hablamos solamente de inversiones turísticas, no se habla solo de los hoteles o de los restaurantes, sino también de las cuestiones sociales y ambientales que pueden alterar el ingreso de turistas en gran cantidad a un sector. Sin planificación no hay desarrollo. Si no hay desarrollo no hay posibilidad de empleo, y esto lo sabe bien el Gobierno y es en este sentido que se está trabajando”
A su turno, la diputada de Arriba Chubut Norma Arbilla pidió que se convoque a las universidades para que intervengan en estos proyectos que se van a desarrollar con el financiamiento internacional.
Por último, Juan Aquino, del Frente de Izquierda, justificó su rechazo. “Más allá de que no plantee en sí mismo un endeudamiento, lo que estamos discutiendo es cuáles son las condiciones implícitas que subyacen a este convenio firmado con nada menos que un organismo como el Banco Mundial”, concluyó.
Jueces de refuerzo
Por otra parte, se sancionó por amplia mayoría una ley que incorpora la figura de los jueces de Refuerzo para mejorar el sistema de Justicia.
La diputada Paulina Hogalde, al presentar el proyecto, sostuvo que el propósito de este es “garantizar que se cumplan con los plazos legales y la regularidad también del servicio de justicia”.
Explicó que “el Superior Tribunal de Justicia va a disponer la actuación de estos jueces de Refuerzo, ya sea de oficio o a petición de los órganos que van a reforzar. Y la intervención va a ser durante todo el proceso, no solamente sobre el dictado de la sentencia”.
La duración, consignó Hogalde, “va a tener un plazo máximo de un año y, una vez vencido este plazo, si aún continúan las circunstancias que motivaron la designación de un juez de refuerzo, durante los 60 días el Superior Tribunal de Justicia va a analizar la creación de nuevos órganos jurisdiccionales para suplir este déficit”.
En cuanto a la designación, mencionó que “se va a llevar a cabo por los procedimientos que marca el Consejo de la Magistratura y los requisitos son los mismos que se solicitan para los jueces titulares. Además los pliegos serán remitidos a la Legislatura tal como lo establece el artículo 166 de la Constitución”.
“Quisiera destacar que concurrió a la Comisión de Asuntos Constitucionales el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone, para explicar los fundamentos de este proyecto y para responder las preguntas de los distintos diputados, y que se tuvieron en cuenta los aportes realizados por los Colegios de Abogados y los diputados”, señaló.
Requisitos de la Constitución
A su turno, el presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, hizo observaciones técnicas sobre el proyecto referidas al lugar que le compete a los jueces.
“No podemos tener jueces de primera y jueces de segunda”, remarcó. “Jueces que han rendido ante el Consejo de la Magistratura y que han pasado el filtro de la Legislatura, que tiene otro tipo de análisis y de examen respecto del que hace el Consejo de la Magistratura; y otros que pasen un examen del Consejo de la Magistratura, que allí demuestren la idoneidad, pero que no hayan pasado el filtro de esta Legislatura, es decir, que tengan un trámite incompleto”.
Por eso, esgrimió que “la temporalidad de su designación no impide ni obsta que el pliego sea remitido a la Legislatura, máxime si lo que queremos es garantizar a la ciudadanía que esos jueces que van a intervenir en sus causas eventualmente cumplen todos los requisitos que contempla nuestra Constitución”.
