La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia que encabeza María Andrea Aguilera realizó hoy miércoles una nueva reunión informativa para sumar aportes al anteproyecto del Código General de los Procesos No Penales en cuyo contexto quedó constituida oficialmente la Comisión Redactora, cuya creación formal se consolidó mediante la Resolución N° 170/26 de la Legislatura.
Durante el encuentro, realizado en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Eduardo Aubía”, la diputada Aguilera ratificó el compromiso de cumplir con el artículo 172 de la Constitución Provincial, una deuda histórica y un mandato surgido de la reforma constitucional de 1994.
En este contexto, el inicio del trabajo técnico formal y la discusión metodológica presencial entre todos los sectores quedó programado para febrero próximo.
Durante la reunión se delinearon los objetivos técnicos de la reforma y se garantizó un esquema de participación y consenso entre las diversas órbitas de los poderes del Estado, del sector profesional y del académico.
Al respecto, Aguilera destacó que la política de la Legislatura se ha enfocado en dar cumplimiento a las mandas constitucionales, recordando los recientes precedentes de la sanción del Código Electoral Provincial y la Ley de Bosques, entre otras herramientas normativas.
La legisladora enfatizó en la necesidad de que la Comisión defina de manera colectiva el modelo y el esquema sobre el cual se desarrollará toda la estructura jurídica del futuro código.
Comisión Redactora
La Comisión Redactora, según establece la resolución de su creación, tiene una naturaleza técnica, consultiva, temporaria y no vinculante, y sus miembros desempeñarán sus funciones con carácter ad honorem.
La Comisión tomará como base para su análisis legislativo la doctrina vigente y, de manera central, los principios e institutos comprendidos en el anteproyecto que en mayo de este año presentó el Superior Tribunal de Justicia en la Legislatura.
Presencias
En este marco, se destacó de forma especial la intervención de los camaristas Guillermo Walter, Sergio Lucero y María Marta Nieto, autores del anteproyecto de ley base que le fuera presentado formalmente en mayo de este año a Andrés Giacomone, presidente del STJ.
La reunión de este miércoles contó además con la presencia del doctor Héctor Mario Chayer, quien participó del encuentro en carácter de invitado especial. Chayer es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación, y cuenta con una especialización en Gestión de los Sistemas de la Información en la Empresa por la Universidad Politécnica de Madrid.
Su perfil como especialista en gestión y organización judicial incluye aportes en los procesos de reforma de numerosos países de la región, tales como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Nicaragua, Brasil, El Salvador y Honduras.
Modernización y gestión judicial
Chayer se refirió al trabajo de la Comisión Redactora y valoró la incorporación de la oralidad efectiva, las oficinas judiciales comunes y las nuevas tecnologías como herramientas para modernizar el sistema judicial.
Además, sostuvo que “los tres motores del cambio en la reforma judicial contemporánea son la tecnología, la gestión unificada en oficinas comunes y la oralidad”.
Asimismo, remarcó la importancia de acompañar la implementación del Código con capacitación, cambios organizacionales y mecanismos de evaluación: “No se trata de multiplicar el gasto, no se trata de multiplicar el personal, sino de multiplicar los resultados”, expresó, al compartir experiencias de reformas judiciales desarrolladas en otras provincias.
Oralidad y adaptación de los procesos
Por su parte, el Dr. Sergio Lucero explicó que el proyecto propone un modelo procesal basado en la oralidad, la colaboración entre las partes y la adaptación de los procedimientos a las características de cada conflicto.
“La idea es tomar la regulación procesal como una estructura base que puede ser adaptada por las partes, junto con el juez, a través de la gestión del caso y los acuerdos procesales”, señaló.
Además destacó que el sistema de audiencias permitirá reducir los tiempos judiciales, simplificar los procedimientos y fortalecer las garantías del debido proceso.
Eficiencia y garantías procesales
A su turno, el Dr. Guillermo Walter sostuvo que la reforma busca garantizar una Justicia más accesible, transparente y eficiente, sin afectar los derechos de las partes.
“La eficacia y las garantías no son objetivos contrapuestos”, afirmó, al destacar que la oralidad permitirá agilizar los procesos, fortalecer la participación de los abogados y mejorar la comunicación entre jueces y ciudadanos.
Asimismo, se refirió a la incorporación de nuevas tecnologías y remarcó que estas herramientas deben acompañar la tarea judicial sin reemplazar la intervención humana.
Innovaciones procesales y acceso a la justicia
Por último, la Dra. María Marta Nieto presentó las principales innovaciones del proyecto, entre ellas las medidas prejudiciales, el proceso monitorio, los procesos colectivos y el procedimiento de pequeñas causas.
También destacó las modificaciones previstas para los procesos laborales y de familia, orientadas a simplificar los trámites y fortalecer la protección de derechos.
En este marco, valoró las instancias de debate desarrolladas en la Legislatura y sostuvo que la reforma busca colocar nuevamente al ciudadano en el centro del sistema judicial. “Dejemos atrás los ritualismos, démosle a nuestra gente una justicia ágil, humana y transparente, que es lo que se merece”, concluyó.
Agenda de trabajo y articulación institucional
El cronograma de trabajo consensuado en esta ocasión prevé una primera etapa de diagnóstico que se extenderá hasta enero, período en el cual cada sector analizará de manera interna los fundamentos de sus propuestas.
Finalmente, el encuentro reflejó la amplia representatividad interinstitucional plasmada en la resolución de la Legislatura.
Estuvieron, además, el prestigioso constitucionalista Edgardo Hughes por el Colegio de Abogados de Sarmiento; Mercedes Alberdi Torrejón y Laura Campo Fierro por el Colegio de Puerto Madryn, y Agustín Baroni junto a Mónica Moon en representación del Colegio de Abogados de Trelew.
Asimismo, participaron Jordana Didolich y Fernando Valentín por la Defensoría General; Marcos Fink por el Ministerio Público Fiscal; el ámbito académico contó con la participación de Nicolás Demitriou y Miguel Medina Insúa en representación de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, mientras que Roxana Laudani concurrió por la Asociación de Mediadores de Chubut; y también participó Graciela Caminos, asesora Legal de la Legislatura.
Las autoridades informaron que para las próximas convocatorias se continuará articulando la incorporación formal y los canales de comunicación institucionales con el Poder Ejecutivo Provincial, la Magistratura y el Funcionariado Judicial.
