Con las presencias de especialistas, funcionarios judiciales de Chubut y de otras provincias, y de diputados de distintos bloques, la Legislatura, a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, realizó hoy martes la primera reunión informativa sobre el proyecto de ley 71/25, presentado por el Poder Ejecutivo, y que regula las nuevas herramientas tecnológicas para investigar, prevenir y luchar contra los delitos complejos y la cibercriminalidad.
La reunión se llevó adelante en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Eduardo Aubía”, con transmisión en vivo a través de la cuenta de YouTube de la Legislatura, y fue encabezada por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, María Andrea Aguilera, y por el procurador general, Jorge Miquelarena, con la presencia de la vicepresidenta segunda de la Legislatura, Tatiana Goic.
Decisión política
“Al igual que hemos hecho con el Código Electoral, con la Ley de Adultos Mayores y con la reforma del Código Procesal Penal, y por decisión política tanto del gobernador Torres como del vicegobernador Gustavo Menna, consideramos fundamental llevar adelante este tipo de reuniones informativas”, destacó Aguilera.
Esta metodología, agregó, “no solo les permiten a los diputados conocer a través de quienes trabajan en estos temas los alcances de los proyectos, sino además que la ciudadanía conozca cómo se da el tratamiento de las leyes, con la posibilidad de introducir consultas a proyectos que están en tratamiento y que pueden ser objeto de reforma”.
Explicó que el proyecto de ley fue trabajado por el Ministerio Público Fiscal de manera conjunta con el Poder Ejecutivo, que lo remitió, “y permite la utilización de nuevas tecnologías y de herramientas digitales para investigar cualquier tipo de delitos graves o ciberdelitos”.
“Sin duda que va a ser un paso importante y necesario, porque el delito avanza conforme avanza la sociedad y, por lo tanto, es necesario combatirlo desde el mismo lugar, que es la tecnología”, añadió.
Nueva reunión y expositores
Aguilera anticipó además que habrá otra reunión informativa sobre el mismo proyecto el 26 de este mes “con integrantes de la Defensa Pública, del Ministerio Público Fiscal Federal, de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro y, seguramente, algún representante de la Universidad”.
Los expositores este martes fueron el procurador general Jorge Miquelarena; los procuradores generales adjuntos Marcos Fink y Matías Froment, el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, Fernando Rivarola.
También expusieron de manera presencial Daniela Dupuy, fiscal de la Unidad del Ciberdelito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); y Franco Pilnik, fiscal de la Unidad del Ciberdelito del Ministerio Público Fiscal de Córdoba quien lo hizo de manera online.
Asimismo participaron como expositores Eugenia Domínguez, fiscal general de la Unidad de Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal del Chubut; y Cristian Olazábal, fiscal jefe en Comodoro Rivadavia del Ministerio Público Fiscal del Chubut.
Normativa específica
El procurador Miquelarena recordó que el Código Procesal Penal “entró en vigencia en el año 2006, pero se estuvo gestando entre mediados del 2004 y todo el 2005. Estamos hablando hoy de ciberdelitos y de evidencia digital con un Código que ya tiene 20 años. Era absolutamente impensable, por lo menos para mí, que tuve la oportunidad de trabajar en los proyectos originales del Código, esta revolución digital”.
Tras explicar que en la reforma del Código Procesal Penal realizada el año pasado se decidió no incluir esta temática para abordarla en otra legislación específica, el procurador general agregó: “Hoy la evidencia digital es central en la gran mayoría de las investigaciones penales. Casi no se conciben delitos sin algún tipo de intervención del mundo digital”.
“Nuestro Código Procesal Penal carece de normativa específica para abordar esta realidad, lo que genera serios problemas probatorios y discusiones en cuanto a la validez legal, precisamente por su falta de regulación, acarreando serios obstáculos para el trabajo del Ministerio Público Fiscal en todo lo que tiene que ver con los entornos virtuales”, dijo.
Y añadió: “Este proyecto de ley parte del reconocimiento de una transformación profunda en la sociedad moderna: la digitalización de prácticamente todas las esferas de la vida humana. Hoy la gran mayoría de interacciones sociales, laborales, comerciales e inclusive delictivas ocurren en entornos digitales, generando una inmensa cantidad de datos que se convierten en una potencial evidencia en la investigación penal”.
