La legislatura del Chubut en la sesión de este jueves aprobó por amplia mayoría la ley que restringe el uso de celulares en las aulas en escuelas públicas y privadas en los niveles Inicial, Primario y Secundario.
La medida comprende tanto a los alumnos como a los docentes. En el caso del nivel Secundario establece que solo podrán ser utilizados con fines pedagógicos y se requerirá una planificación previa del docente. Además contempla excepciones para aquellos alumnos que por razones de salud o de aprendizaje requieran usar el teléfono.
La iniciativa del presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, fue aprobada con los votos de Despierta Chubut, Chubut Unido, Familia Chubutense, Pich y Primero Chubut-CET, además del mencionado bloque. El diputado del Frente de Izquierda, Juan Aquino, fue el único que votó en contra del proyecto.
Al presentarlo desde la banca, Pais expuso que hay evidencia empírica que sustenta que el uso de celular en las aulas no solo perjudica el aprendizaje, sino que también atenta contra la salud de los niños y adolescentes.
“El uso de estos dispositivos móviles por parte de los niños en las aulas atenta contra el aprendizaje, contra la atención y contra el desarrollo cognitivo; los cerebros de los chicos que cursan en las escuelas primarias y secundarias están en formación, están en pleno desarrollo”, indicó.
“La Sociedad Argentina de Pediatría -añadió- se ha manifestado y ha dicho que el uso excesivo de teléfonos móviles genera alteraciones de sueños, problemas visuales, obesidad, ansiedad y depresión. Lo mismo fue ratificado por el CONICET”.
“En definitiva ya no se trata solo del desarrollo cognitivo y del aprendizaje en las escuelas, sino de fijar una política activa de prevención, porque si garantizamos un uso limitado de los dispositivos en los establecimientos educativos vamos a retrasar o a disminuir al menos todos estos perjuicios que ya son evidentes, que ya se estudian y que, en definitiva, implican un deterioro de la salud de nuestra sociedad y un mayor gasto en inversión en políticas de salud”, consideró.
Añadió que “lamentablemente en el año 2022 salimos primeros como país en el ranking equivocado. Argentina tenía el mayor de distracción en uso de dispositivos móviles; y eso trae aparejado también entre otras cosas que el 74% de los evaluados no superara niveles de conocimientos básicos de matemáticas”.
“Este proyecto de ley le devuelve al docente la autoridad, porque no se trata de una limitación estricta ni definitiva, sino que es el docente quien puede disponer cuando se utilizan estos dispositivos exclusivamente con fines pedagógicos”, sostuvo.
Por último, señaló que la restricción de los celulares se inscribe dentro de una tendencia que ya vienen aplicando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocho provincias argentinas y países como Dinamarca, Noruega, Francia y Países Bajos.
Llamado de atención
Por su parte, el diputado Leonardo Bowman (Despierta Chubut) esperó que “esta norma sirva para el llamado de atención de los padres de estos chicos dado que en la escuela permanecen cierto tiempo y luego tienen una innumerable cantidad de horas durante su permanencia en el hogar que también merece, por parte de la institución familiar, el mismo control y la misma responsabilidad”, sostuvo.
Por su parte, Mariela Tamame (Chubut Unido), al fundamentar su posición esgrimió que “si nosotros desde pequeños les damos a los chicos la posibilidad de tener un celular y están esperando inmediatamente una respuesta, un like, un me gusta, una contestación, es un elemento distractor para que después no puedan encarar otro tipo de actividad que tenga que ver con resoluciones más complejas”.
Herramienta legislativa
A su turno, Andrea Toro (Pich), reforzando esta postura, puso de relieve que “en el año 2024, el Observatorio Argentinos por la Educación informó que el 37,6% de los estudiantes de nuestro país nunca desactiva las notificaciones de sus dispositivos durante la clase. Y uno de cada tres chicos en el aula tiene un celular activo, recibiendo estímulos permanentemente”.
Para finalizar, Emanuel Coliñir (Arriba Chubut) recalcó que es necesario regular el uso de celulares en las aulas para resguardar la labor de los docentes. “Teníamos que darles una herramienta legislativa a los docentes, al sistema educativo en general, para que pueda hacer algo respecto de la utilización de la telefonía móvil”, concluyó.
“Voz Joven en la Legislatura”
Por otra parte, se aprobaron las modificaciones a la Ley VIII N° 147, que regula el programa “Voz Joven en la Legislatura”, una iniciativa destinada a acercar a estudiantes de los últimos años del nivel Secundario al funcionamiento del Poder Legislativo y de esta manera, promover su participación ciudadana.
El proyecto, impulsado por el diputado Emanuel Fernández (Despierta Chubut) y trabajado en comisión, incorpora una serie de mejoras orientadas a optimizar la implementación del programa. “Entre los principales cambios se destaca la creación de una etapa preliminar de capacitación destinada al personal educativo que acompañará el proceso, la definición de plazos específicos para el desarrollo de las actividades y la incorporación de un reglamento que establece pautas claras para su funcionamiento”, informó el diputado.
La actualización garantiza la representación de todos los bloques legislativos en la comisión evaluadora de los proyectos, incorpora criterios de paridad de género y promueve una participación equilibrada de las distintas regiones de la provincia. También amplía la cantidad de participantes por establecimiento educativo, permitiendo que hasta cinco estudiantes puedan asistir y formar parte de las actividades desarrolladas en la Legislatura.
Durante el tratamiento de la iniciativa, la diputada Mariela Tamame, del bloque Chubut Unido, valoró la propuesta y realizó aportes vinculados a la actualización de conceptos utilizados en la redacción del proyecto. En ese sentido, propuso reemplazar el término “alumnos” por “estudiantes” y ampliar la referencia al nivel Secundario incorporando sus distintas modalidades educativas, con el objetivo de garantizar la inclusión de escuelas especiales, hospitalarias, domiciliarias, rurales y bilingües.
Por su parte, la diputada Vanesa Abril (Arriba Chubut) resaltó la importancia de que el programa pueda implementarse luego de haber sido aprobado hace dos años. Además, remarcó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con el Ministerio de Educación para consolidar la iniciativa como una política pública sostenida en el tiempo y garantizar una amplia participación de los establecimientos educativos de toda la provincia.
Primer acueducto de Trelew-Puerto Madryn
En otro orden, se aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley impulsado por el diputado Sixto Bermejo del bloque “Despierta Chubut” que declara Patrimonio Cultural a la histórica sala de bombeo con su maquinaria original, la casa del encargado y la toma de agua sobre el río Chubut correspondientes al primer acueducto Trelew–Puerto Madryn.
Bermejo señaló el valor histórico de la obra, al recordar las dificultades que enfrentaron los primeros colonos galeses para acceder al agua potable tras su llegada a las costas del Golfo Nuevo en 1865. Expresó que durante años la provisión de agua dependió de las lluvias y del transporte desde el valle inferior del Río Chubut, hasta que se concretó una solución definitiva con la construcción del acueducto.
Esta iniciativa incorpora el bien al registro patrimonial provincial y reconoce su importancia histórica, cultural y tecnológica, con el objetivo de resguardar y difundir un sitio emblemático de la historia del desarrollo de Chubut.
Nueva fiscal general en Rawson
Por otra parte, por amplia mayoría, se aprobó el acuerdo legislativo remitido por el Consejo de la Magistratura para la designación de Janet Soledad Davies como fiscal general para la ciudad de Rawson.
En esta línea, la diputada María Andrea Aguilera (Despierta Chubut) expresó que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia que ella preside emitió dictamen favorable tras la entrevista realizada a la postulante.
En ese marco destacó la trayectoria profesional, quien desarrolló su formación académica en Trelew y cuenta con una amplia experiencia dentro del sistema judicial provincial.
Aguilera, señaló además que la futura fiscal general inició su carrera en la Defensoría General y luego se incorporó al Ministerio Público Fiscal, donde consolidó una sólida experiencia en el ejercicio de sus funciones.